En quince meses se pagaron más de $ 500 mil en sueldos para la Secretaría Anticorrupción

Después de quince minutos, Mercy, una oficinista guayaquileña, logró ingresar al apartado de Transparencia de la página web institucional de la Secretaría Anticorrupción, adscrita a la Presidencia de la República.

"Primero, la página web de la institución no aparece en la búsqueda de Google. Segundo, las publicaciones en sus redes sociales no cuentan con un link que dirija a la página. La encontré en el detalle de información de su cuenta de Facebook. Falta visibilizar", comentó la joven de 28 años, quien hizo el ejercicio de buscar la nómina y sueldos de esa entidad, datos que todas las instituciones públicas deben de publicar en su portal web, según la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

La Secretaría Anticorrupción se creó en el 2019 por decreto del presidente Lenín Moreno. Otros organismos similares han funcionado en nuestro país, pero han quedado relegados en la historia, como la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, la Secretaria Nacional Anticorrupción o la Secretaría de Transparencia de Gestión.

Ahora, por ese mismo camino está destinada la actual secretaría. El jueves 21 de mayo pasado, Moreno firmó el decreto para su eliminación, ante las quejas y dudas de su efectividad.

"El Secretario Anticorrupción deberá entregar de forma inmediata a la Secretaría General de la Presidencia toda la documentación, archivos físicos y digitales a su cargo, así como el informe de gestión correspondiente", consta en el decreto, en el que se añade que en un plazo máximo de 30 días se deberá aplicar lo dispuesto en el documento.

Mercy lamentó no haber podido acceder a la información de la nómina y sueldos de quienes integran la secretaría: "Cuando llegas a la información de Transparencia te encuentras con una información revuelta con la de funcionarios de otras áreas de la Presidencia".

La Secretaría Anticorrupción ha registrado hasta 38 empleados, entre analistas, coordinadores, directores y otros altos cargos, en el periodo febrero del 2019 y abril pasado, según una revisión de este Diario a los documentos disponibles en el portal web de la Presidencia.

En esos quince meses se han destinado unos $ 540 mil en sueldos, según esos registros. Iván Granda asumió el cargo de secretario en febrero del año anterior, con un salario de $ 4463.

En mayo de ese año, la nómina ascendió a 20 empleados: tres ganaban entre $3000 y $5000; 16, entre $1000 y $3000; y uno, menos de $1000. En septiembre, el número de servidores públicos subió a 38: cinco recibían entre $ 3000 y $5000; 27, entre $1000 y $3000; y 6, menos de $1000. A partir de ese mes, la nómina se redujo progresivamente.

En octubre, Granda dejó la secretaría para asumir el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y se encargó la entidad a Dora Ordóñez, quien percibía un sueldo de $4283. Poco después, Ordóñez renunció y en enero se posesionó a José De la Gasca como nuevo secretario, con un salario de $4463.

Este Diario solicitó una entrevista con este funcionario el 8 y 18 de mayo pasados, pero una de sus colaboradoras dijo que por el momento no la ofrecerían.

A partir de enero, la Secretaría Anticorrupción registró también la eliminación de coordinaciones y ciertas direcciones. En abril, según el organigrama de la Presidencia de la República, esta contaba con una dirección que investiga actos de corrupción, otra destinada a la prevención de esta problemática y una adicional para el seguimiento de causas judiciales, todas bajo el paraguas de una subsecretaría general.

Hace dos semanas, en una comparecencia ante la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, De la Gasca destacó las acciones impulsadas por esta secretaría en el seguimiento de procesos judiciales relacionados con casos de corrupción: "Tenemos ya dineros para recuperar en sentencias ejecutoriadas, esto es, procesos de ejecución de las sentencias, $50 098 000. Es lo que tenemos ya, estamos haciendo las gestiones, lamentablemente con lo del COVID estos procesos se han visto demorados".

En esa comparecencia, De la Gasca dijo que la secretaría cuenta con 21 funcionarios. En una revisión a los documentos de abril de la Presidencia solo se identificó a doce servidores de la entidad de anticorrupción. Once de ellos han ocupado cargos públicos en instituciones del Gobierno anterior o en otras funciones del Estado, como el entonces Ministerio del Interior, Inmobiliar, el Servicio de Contratación de Obras (Secob), el Consejo de la Judicatura, la Contraloría, entre otras.

De ese grupo, Cristina Moncayo, directora de Investigación de Actos de Corrupción, quien consta en los registros de Alianza PAIS como adherente, es una de las funcionarias con mayor recorrido en el sector público desde el 2009, según los registros de la Contraloría. Por ejemplo, se ha desempeñado como experta jurídica en la Superintendencia de Bancos, servidora en la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, en el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap), asesora en la empresa pública Yachay.

Este Diario solicitó una entrevista a Moncayo el 21 y 22 de mayo vía correo electrónico y a través de una funcionaria de la Presidencia, pero no hubo respuesta. (I)

Precht: El funcionario anticorrupción debe ser lo más independiente políticamente posible

Foto: tomada del portal Salud con Lupa.

El Universo entrevistó a Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente y miembro de Transparencia Internacional, para abordar las particularidades del perfil que debe tener el servidor público cuya función sea la lucha contra la corrupción.

¿Con qué cualidad debe contar el funcionario público anticorrupción?

"Tiene que tener su récord policial limpio, que no haya cometido algún tipo de delito, que no haya estado involucrado en algún tipo de escándalo previo de corrupción o de financiación ilegal de la política, o de la política. Idealmente que sea capaz de ser lo más independiente políticamente posible, para mirar las cosas en perspectiva. Y que no tenga problema de hacer una amplia declaración de patrimonio e intereses para demostrar que no tiene conflictos que pudiesen hacer imposibles el desarrollo de su gestión".

¿Por qué es importante la independencia en el marco de la política, en la función anticorrupción?

"La independencia política nunca es 100 %, todos tenemos algún tipo de afinidad, obviamente votamos, pero lo importante es que una persona que esté a cargo, trabajando en el organismo anticorrupción podrá tomar distancia de esas afinidades (...), es muy fácil juzgar a tus enemigos o a quienes piensan distinto que uno, pero mucho más difícil es hacerlo con tus cercanos o con tus amigos, tiene que ser una persona que no tenga problemas con perder amigos, de afinidades o incluso de perder el trabajo".

¿Habría algún impedimento para esa independencia ser parte de un movimiento o partido político?

"Si es capaz de desprenderse completamente y eso lo demostrarán sus actos no habría ningún tipo de problema. En mi caso personal, yo era militante de un partido político cuando asumí mi cargo, pero evidentemente hoy, desde la sociedad civil, dejé esa militancia. Uno entendería que el Gobierno trabaja con personas cercanas, pero lo importante es que en el ejercicio del cargo, el mejor favor que uno le puede hacer al presidente de la República, a los ministros de Estado es desprenderse y actuar con la lejanía necesaria para colaborar en la prevención de los delitos de corrupción. Si no, el cargo no sirve, se transforma en oficina de persecución".

Entonces lo recomendable es desmarcarse de forma oficial...

"Sí, evidente, los gestos son muy importantes, pero más que desprenderse de una formalidad o legalidad, el desprendimiento tiene que ser en los hechos y en los actos"

¿Qué filtros se pueden aplicar o aspectos a tener en cuenta para escoger al mejor perfil en una entidad anticorrupción?

"Lo importante es que los criterios para la contratación de personas sean tan objetivos que no quede ninguna duda de que se está contratando a las mejores personas, independiente de su militancia o adherencia política. Es evidente que un Gobierno tiene que tener en los cargos más cercanos, como ministros de Estado, un nivel de discrecionalidad para elegirlos. Pero en el resto del Estado, el Estado debe ser meritocrático, por lo que lo importante son los criterios para la selección, ojalá concursables, concursos abiertos, oposición de antecedentes, con exámenes psicológicos, para que sean los mejores servidores públicos"

¿Y cree que puede haber garantías de un trabajo independiente contra la corrupción si el funcionario fue parte del Gobierno al que ahora investiga?

"Bueno, si existe un conflicto de interés, que por ejemplo es quien dependía directamente de la persona que están investigando, esa persona debe inhabilitarse. Cuando existe un conflicto de interés en una investigación, no solo a nivel administrativo, por supuesto a nivel judicial, debe ocurrir la inhabilitación. Esa persona no podría dirigir la investigación"

Entonces ¿qué opina sobre la garantía de independencia que pueda tener una secretaría anticorrupción si tiene que monitorear o investigar a la institución a la cual está adscrita?

"En general, las secretarías anticorrupción internas del gobierno no debiesen tener capacidades de persecución en ningún sentido, sino más bien son los órganos externos, en el caso chileno, la Contraloría General de la República, la Fiscalía, aquellos que tienen que hacer ese trabajo. El órgano interno anticorrupción debe de ser el encargado de promoción, detección temprana de problemas, corrección de problemas, implementación de legislación, promoción de nueva legislación anticorrupción, la estrategia de Gobierno Abierto, pero no convertirse en una agencia interna porque claramente la independencia, al ser nombrada por el presidente de la República, nunca va a poder darse al 100 % en el caso de una investigación o sanción más bien administrativa". (I)