La emergencia sanitaria para enfrentar la COVID-19 cumple hoy tres meses, durante los cuales el Ministerio de Salud (MSP) ha gastado $96,6 millones en la compra de equipos y medicinas para 1950 unidades operativas (hospitales, centros y subcentros) de la red pública. Sin embargo, algunas adquisiciones ahora son objeto de denuncias e investigaciones por sobreprecio o procesos irregulares.

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, aseguró el pasado martes, en rueda de prensa, que sí hubo convocatorias públicas y la respectiva evaluación de ofertas; negó que se haya recurrido a compras directas y sin concursos.

Explicó que desde el 11 de marzo, cuando se decretó la emergencia sanitaria, el MSP ha realizado tres procesos para medicamentos, dispositivos y equipamiento: el 21 de marzo, el 16 de abril y el 22 de mayo.

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Puso como ejemplo la compra de dos millones de mascarillas (stock para dos meses). “Una empresa local ofrecía 6000 mascarillas hasta finales de junio a un precio menor a $1,57 (por unidad); (pero) nosotros pagamos cerca de $5 (con otra firma). Pero si (la empresa local) no puede entregar las mascarillas que se requieren… ¿cómo mando a mis médicos a ver pacientes?”.

Según el ministro Zevallos, en estos tres meses se registraron cinco contratos con multas por retraso; doce con entregas menores a lo ofertado, con terminación de mutuo acuerdo; tres finalizados unilateralmente y dos dados de baja por incumplimiento.

Sobre un posible sobreprecio del 25 % en la compra de paracetamol, publicado por este Diario, dijo que responderá en los próximos días, aunque agregó: “Si las ofertas son limitadas, incluso se ha agotado la producción nacional de paracetamol, ¿qué hago? Compro a un precio mayor, pero eso no quiere decir que sea peculado o un delito de corrupción”.

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Alertas

Cristina Murgueitio, directora de la Asociación Ecuatoriana de Importadores y Distribuidores de Productos Médicos, expresó sus dudas frente a los procesos del MSP, pues, dijo, no hay transparencia ni se sube al portal de compras públicas toda la documentación, lo que dificulta un seguimiento real de las adquisiciones en la emergencia. La Fiscalía y la Contraloría han dispuesto investigaciones.

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Zevallos aseguró que, por ahora, “existe una confusión (por las características técnicas y la variedad de calidad) que ocasiona criterios subjetivos”. Por ello, anunció que desde la próxima semana se volverá a contratar bajo el régimen regular, “sin las facilidades de la emergencia”. (I)