El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una operación de un crédito de $45 millones con Ecuador que se espera contribuya al fortalecimiento de las capacidades institucionales para garantizar el derecho constitucional de acceso a la rehabilitación integral y la protección de las Personas Privadas de Libertad (PPLs) y adolescentes infractores. 

El programa espera mejorar la calidad de los servicios de rehabilitación social, especialmente aquellos enfocados en adolescentes infractores y mujeres privadas de libertad. Igualmente, se prevé que aumentará el nivel de profesionalización y especialización del personal técnico y de agentes de seguridad penitenciaria, y podrá ayudar a mejorar la eficiencia de la Corte Constitucional del país para la protección de los derechos constitucionales de los PPLs.

A través del proyecto también se abordará la modernización de las normas y procedimientos del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), se optimizarán sus procesos y se homogeneizarán los protocolos y normas en los centros de rehabilitación social a nivel nacional.

También se dará énfasis a la profesionalización del personal técnico, administrativo y de los agentes de seguridad penitenciaria impulsando la carrera penitenciaria mediante la definición de perfiles de ingreso, procedimientos de incorporación y selección, ascenso y desvinculación, al igual que el diseño y estructuración del currículo para capacitación inicial y continua.

Se apoyará el diseño e implementación de un modelo de rehabilitación y reinserción social para adolescentes infractores y mujeres basado en evidencia a partir de la construcción y equipamiento de nuevos centros de internamiento y de rehabilitación social. Además, se desarrollarán manuales de intervención psicosocial para reducir los factores de riesgo de reincidencia y se capacitará al personal para apoyar su implementación.  

En cuanto a la Corte Constitucional del Ecuador para la protección de los derechos constitucionales se implementará una nueva estructura organizacional para el fortalecimiento jurisdiccional. Igualmente, se incluirá la implementación del sistema digital de gestión de casos que contribuirá a mejorar la eficiencia del órgano constitucional.  

Los beneficiarios de este proyecto serán los ciudadanos ecuatorianos que se espera vean mejorada la calidad y eficiencia de los servicios de rehabilitación social y acceso a la justicia. Además, se prevé ver menores tasas de criminalidad derivadas de menores tasas de reincidencia. En particular, se beneficiarán más de 500 adolescentes infractores, más de 19.000 hombres y más de 1.600 mujeres privadas de la libertad que accederán a servicios de rehabilitación basada en evidencia y una población egresada del Sistema Nacional de Rehabilitación Social con aptitudes que se espera les permita reintegrarse a la sociedad de manera constructiva.

El crédito del BID de US$45 millones tiene un plazo de 25 años, un período de gracia de cinco años y medio, y tasa de interés basada en LIBOR.